En 1953, Juan Domingo Perón y el presidente chileno Carlos Ibáñez del Campo impulsaron una ambiciosa integración bilateral. La llamada “Cordillera Libre” buscaba reducir las barreras aduaneras, facilitar el comercio y avanzar hacia una Unión Económica Argentino-Chilena. El objetivo final era todavía mayor: convertir ese acuerdo en el núcleo de una futura integración latinoamericana.
La historia suele recordar las fronteras como líneas rígidas que separan Estados. Pero hubo un momento, durante el segundo gobierno de Juan Domingo Perón, en que Argentina y Chile intentaron algo muy diferente: hacer que la frontera de los Andes perdiera buena parte de su peso económico.
No se trataba de borrar los límites territoriales ni de convertir a Chile en parte de la Argentina. El proyecto era, en cambio, mucho más concreto y ambicioso: construir una integración económica capaz de transformar a la cordillera, históricamente considerada una barrera entre ambos países, en una vía de comunicación y comercio.
La expresión que sintetizó aquella apuesta fue contundente: “Cordillera Libre”.
El proyecto tomó impulso con la llegada de Carlos Ibáñez del Campo a la Presidencia de Chile en 1952. Ibáñez buscaba profundizar los vínculos con los países vecinos y encontró en Perón a un interlocutor dispuesto a llevar esa relación mucho más allá de los acuerdos comerciales tradicionales.
En febrero de 1953, durante la visita de Perón a Santiago, ambos gobiernos dieron el paso decisivo. El 21 de febrero firmaron el Acta de Santiago, mediante la cual establecieron como objetivo avanzar hacia una “Unión Económica de los dos pueblos”.
La propuesta no consistía simplemente en vender más productos a través de la frontera. Incluía la eliminación progresiva de barreras aduaneras, la complementación económica, la coordinación en materia de transporte y comunicaciones, el desarrollo del intercambio comercial y la creación de mecanismos institucionales permanentes para administrar el proceso.
La cordillera debía dejar de ser un obstáculo económico.
El proyecto tenía además una dimensión política que hoy resulta especialmente llamativa. Argentina y Chile no pensaban necesariamente quedarse solos. El Acta de Santiago planteaba que otros países latinoamericanos pudieran incorporarse al proceso. Para Perón, la integración bilateral podía convertirse en el primer paso hacia una unión económica de mayor escala.
No era una idea improvisada.
Perón venía sosteniendo desde años anteriores que los países latinoamericanos debían avanzar hacia formas de cooperación económica para aumentar su capacidad de negociación frente a las grandes potencias. En ese esquema aparecía nuevamente el viejo proyecto del ABC: Argentina, Brasil y Chile.
Pero en 1953 el objetivo comenzó a adquirir forma concreta.
El 8 de julio de ese año, Perón e Ibáñez firmaron en Buenos Aires el Tratado de Unión Económica Argentino-Chilena. El acuerdo creó organismos específicos para impulsar la integración y estableció una agenda que excedía ampliamente el intercambio de mercancías.
Derechos de importación y exportación, régimen cambiario, créditos, impuestos, transporte, comunicaciones, circulación de personas y tránsito de mercancías quedaron incorporados a la discusión.
El objetivo era construir progresivamente un espacio económico común.
Y allí aparece una diferencia fundamental que permite entender qué estaba intentando hacer Perón.
No buscaba modificar la frontera política entre Argentina y Chile. Buscaba modificar su funcionamiento.
La frontera podía seguir existiendo como límite entre dos Estados soberanos, pero debía dejar de funcionar como una barrera económica infranqueable. La “Cordillera Libre” representaba precisamente esa idea: facilitar el tránsito y reducir los obstáculos que impedían una integración económica más profunda.
El proyecto, sin embargo, chocó rápidamente con intereses muy concretos.
En Chile, sectores empresariales comenzaron a mirar con preocupación la apertura hacia la economía argentina. La posibilidad de eliminar barreras comerciales generaba temores entre industriales y productores que veían el riesgo de quedar expuestos a una economía de mayor escala.
La discusión dejó entonces de ser puramente diplomática.
Para los impulsores del acuerdo, la integración significaba complementación y mayor capacidad económica. Para sus críticos, podía significar algo muy diferente: una relación desigual en la que Chile terminara subordinado a la economía argentina.
La fórmula “Cordillera Libre y Unión Aduanera” comenzó a generar resistencias.
La paradoja era evidente. Lo que para Perón constituía una herramienta para alcanzar independencia económica mediante la integración regional podía ser interpretado por sectores chilenos como una amenaza para sus propios intereses económicos.
A esto se sumaron problemas políticos.
La relación entre ambos gobiernos, que había comenzado bajo signos de fuerte acercamiento, empezó a deteriorarse. La actividad política y propagandística argentina en Chile despertó críticas de sectores opositores, mientras crecían las sospechas sobre las verdaderas intenciones de Buenos Aires.
La pregunta comenzó a ser inevitable: ¿se estaba construyendo una integración entre iguales o una esfera de influencia argentina?
Los problemas económicos tampoco desaparecieron. Las dificultades alrededor del intercambio comercial, entre ellas las operaciones vinculadas con el cobre chileno y el ganado argentino, fueron erosionando el entusiasmo inicial.
El proyecto de integración comenzó a encontrar obstáculos precisamente allí donde pretendía construir sus bases: en los intereses económicos concretos de cada país.
La ambición continental de Perón tampoco ayudó a despejar las sospechas.
Argentina comenzó a impulsar acuerdos económicos con otros países latinoamericanos inspirados en los principios del Acta de Santiago. Pero Chile no siempre fue incorporado de la manera que esperaba. Desde Santiago surgieron cuestionamientos ante la posibilidad de que Argentina estuviera avanzando sobre una representación continental que Chile consideraba que debía ser compartida.
La integración comenzaba a tropezar con una vieja dificultad de la política latinoamericana: todos hablaban de unidad, pero cada Estado defendía celosamente su propia autonomía.
El proyecto sobrevivió algunos años más, pero ya había perdido el impulso original.
En 1954 se firmó un nuevo convenio comercial y financiero. Sin embargo, las tensiones políticas continuaron. El derrocamiento de Perón en septiembre de 1955 modificó definitivamente el escenario argentino y terminó de debilitar una iniciativa que ya venía acumulando dificultades.
Finalmente, el 28 de mayo de 1957, Argentina y Chile acordaron dejar sin efecto el Tratado de Unión Económica de 1953 y el Convenio Comercial y Financiero de 1954.
La experiencia había terminado.
Pero la pregunta histórica permanece.
¿Qué fue realmente aquel proyecto?
Reducirlo a una simple alianza comercial sería un error. Presentarlo como un intento de anexar Chile a la Argentina también sería históricamente incorrecto. Los documentos muestran otra cosa: un intento de construir una integración económica profunda entre dos Estados soberanos, comenzando por Argentina y Chile y con la expectativa de extender posteriormente el esquema a otros países latinoamericanos.
La “Cordillera Libre” era, en ese sentido, mucho más que una consigna.
Era la expresión de una concepción geopolítica según la cual las fronteras podían seguir existiendo políticamente mientras perdían importancia económica.
Décadas después, el Mercosur utilizaría una lógica que resulta familiar: integración de mercados, reducción de barreras comerciales, complementación económica y construcción de instituciones comunes.
Pero en 1953 todavía faltaban muchos años para que ese tipo de integración regional se convirtiera en una experiencia concreta en América del Sur.
Perón e Ibáñez intentaron adelantarse a su tiempo.
Fracasaron.
Pero el fracaso no vuelve irrelevante aquel proyecto. Por el contrario, permite observar una de las grandes contradicciones de la historia latinoamericana: la distancia entre el discurso de la unidad regional y los intereses nacionales que aparecen cada vez que esa unidad empieza a afectar negocios, industrias, mercados y relaciones de poder.
La cordillera no desapareció.
La frontera tampoco.
Pero durante unos años, Argentina y Chile intentaron imaginar qué ocurriría si ambas cosas dejaran de ser obstáculos para una integración económica mucho más profunda.
Y esa idea, más de siete décadas después, sigue siendo una pregunta incómoda para la historia de América Latina.
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