Durante la presidencia de Miguel Juárez Celman, la Argentina vivió una expansión económica sostenida por crédito, endeudamiento y capitales extranjeros. La Ley de Bancos Garantidos multiplicó la capacidad de emisión y alimentó una fiebre especulativa que convirtió tierras, títulos, ferrocarriles y propiedades en objetos de una carrera financiera. Cuando el dinero dejó de entrar, quedó al descubierto una economía mucho más frágil de lo que proclamaba el discurso del progreso. De aquella crisis económica surgiría también una impugnación política que desembocaría en la Revolución del Parque y, poco después, en el nacimiento de la Unión Cívica Radical.
El país que parecía enriquecerse: La máquina financiera detrás del espejismo
Hacia fines de la década de 1880, Buenos Aires ofrecía la imagen de una sociedad lanzada hacia el futuro. Ferrocarriles, obras públicas, nuevas instituciones financieras, inmigración y expansión de las actividades comerciales parecían confirmar que la Argentina había encontrado finalmente el camino hacia la prosperidad. El ingreso de capitales extranjeros, particularmente británicos, contribuía a financiar ese crecimiento y alimentaba una sensación de abundancia que alcanzaba tanto a las elites económicas como a buena parte de los sectores vinculados al comercio.
Pero detrás de aquella imagen de prosperidad había una condición que resultaría decisiva: la expansión económica dependía cada vez más del crédito y de la continuidad del financiamiento externo. El crecimiento argentino de aquellos años no descansaba exclusivamente sobre un aumento de la producción agropecuaria, la expansión comercial o la construcción de infraestructura. Una parte creciente de esa prosperidad se sostenía sobre una extraordinaria expansión financiera que multiplicaba la disponibilidad de dinero y crédito y, con ella, las posibilidades de endeudamiento.
Esta distinción resulta fundamental. Una economía puede recurrir al crédito para financiar inversiones productivas, ampliar su infraestructura, incorporar tecnología o aumentar su capacidad de generar riqueza. Pero también puede ocurrir que el crédito termine alimentando la compra de activos cuyo precio aumenta simplemente porque existe cada vez más dinero dispuesto a comprarlos. Cuando esto sucede, la valorización financiera comienza a separarse de la capacidad real de la economía para sostenerla.
Eso fue, en buena medida, lo que comenzó a ocurrir en la Argentina de la segunda mitad de la década de 1880.
Durante la presidencia de Miguel Juárez Celman, iniciada en 1886, la expansión del sistema bancario adquirió una velocidad inédita. En 1887 el gobierno impulsó la Ley de Bancos Nacionales Garantidos, una pieza central de la política monetaria del período. La norma permitió que diferentes bancos emitieran billetes contra títulos públicos depositados como garantía. El objetivo declarado era ampliar la circulación monetaria y facilitar el crédito necesario para acompañar la expansión económica.
Conviene detenerse aquí porque existe una simplificación frecuente sobre este episodio. No se trataba técnicamente de una emisión de dinero completamente "sin respaldo". Los billetes estaban vinculados a un mecanismo de garantía basado en títulos públicos. El problema era que el propio diseño del sistema permitía una expansión considerable de la emisión y del crédito en una economía que simultáneamente incrementaba su endeudamiento y dependía cada vez más del ingreso de capitales extranjeros.
La cuestión, entonces, no era solamente cuánto dinero se emitía, sino qué circuito económico ponía en movimiento ese dinero.
La expansión crediticia aumentó la capacidad de bancos, empresarios, gobiernos provinciales y particulares para obtener recursos. El dinero comenzó a circular con mayor intensidad y encontró oportunidades de colocación en distintos sectores de la economía. Pero una parte significativa de ese flujo no se dirigió exclusivamente a incrementar la producción. También alimentó la compra y venta de tierras, propiedades, títulos, acciones, cédulas hipotecarias y otros activos financieros.
Así comenzó a construirse una dinámica particularmente peligrosa. El aumento del crédito hacía posible comprar activos; la mayor demanda elevaba sus precios; el incremento de los precios reforzaba la expectativa de que continuarían subiendo; y esa expectativa estimulaba nuevas compras financiadas nuevamente mediante crédito.
La valorización de los activos comenzaba a convertirse en garantía para obtener más crédito, y el nuevo crédito contribuía a elevar todavía más el valor de esos mismos activos.
Era un circuito que podía parecer virtuoso mientras los precios continuaran aumentando y los capitales siguieran ingresando. Pero contenía una fragilidad esencial: dependía de que las expectativas no se quebraran.
La tierra constituye un buen ejemplo. En una economía que atravesaba una profunda transformación productiva y territorial, su valorización tenía fundamentos reales. Pero sobre esa valorización comenzaron a montarse operaciones financieras que permitían obtener ganancias mediante la diferencia entre el precio de compra y el precio futuro esperado. La propiedad podía dejar de ser solamente un medio de producción para convertirse también en un activo financiero.
Algo semejante ocurrió con los títulos y valores negociados en la Bolsa. La expansión del crédito aumentaba la capacidad de compra de los inversores y contribuía a elevar las cotizaciones. Mientras las cotizaciones subían, el sistema producía una poderosa sensación de prosperidad. El aumento del precio de los papeles financieros podía confundirse con un aumento equivalente de la riqueza social.
Pero no eran exactamente lo mismo.
Una acción podía multiplicar su precio sin que la empresa correspondiente hubiera aumentado en la misma proporción su capacidad productiva. Una propiedad podía duplicar su valor sin que hubiera generado el doble de riqueza. Un título podía ofrecer grandes ganancias a su tenedor sin que detrás de esa operación existiera una expansión equivalente de la producción.
La diferencia entre riqueza producida y riqueza financiera comenzaba a adquirir una importancia decisiva.
Y allí aparece otra pieza indispensable del mecanismo: el capital extranjero.
La Argentina necesitaba una entrada constante de recursos externos para sostener buena parte de esa expansión. Los capitales provenientes principalmente de Europa financiaban ferrocarriles, obras públicas, bancos, empresas y operaciones financieras, pero también permitían cubrir las necesidades derivadas del creciente endeudamiento. El país podía mantener un elevado ritmo de inversiones y consumo siempre que el flujo de capitales continuara llegando.
La dependencia tenía, por lo tanto, una característica particularmente perversa: la expansión del crédito interno y la entrada de capitales externos se reforzaban mutuamente. Más capital significaba más posibilidades de crédito; más crédito estimulaba nuevas inversiones y operaciones; las expectativas de crecimiento atraían nuevos capitales.
Pero el mismo circuito funcionaba en sentido contrario.
Si los capitales dejaban de llegar, el crédito se restringía. Si el crédito se restringía, caían las operaciones y comenzaban a descender los precios de los activos. Si los precios caían, las garantías perdían valor y aumentaban las dificultades para pagar las deudas. Y cuando los inversores comenzaban a desconfiar, el incentivo ya no era comprar activos argentinos esperando que aumentaran de precio, sino venderlos y retirar los capitales.
La prosperidad podía transformarse entonces en crisis con una velocidad considerable.
Por eso resulta insuficiente explicar la crisis de 1890 como consecuencia de una supuesta emisión irresponsable de dinero. La cuestión fue más profunda: se había construido una estructura económica en la cual la expansión monetaria, el crédito, el endeudamiento público y privado y la entrada de capitales extranjeros quedaron estrechamente entrelazados con la especulación financiera.
El sistema financiero que había sido presentado como una herramienta para modernizar el país terminó adquiriendo una dinámica propia. El crédito ya no solamente acompañaba al crecimiento: también comenzaba a fabricar las expectativas que sostenían ese crecimiento.
La diferencia sería decisiva.
Porque mientras la producción tiene límites materiales —tierras, trabajadores, infraestructura, tecnología, mercados—, las expectativas financieras pueden expandirse mucho más rápidamente. El precio de un activo puede subir porque todos esperan que mañana valga más. Pero esa expectativa necesita finalmente encontrar un sustento en la economía real.
Cuando ese sustento no alcanza, aparece la pregunta que toda burbuja intenta postergar: ¿cuánto de esa riqueza existe realmente y cuánto depende de que alguien siga creyendo que mañana valdrá más?
Hacia 1888, esa pregunta comenzaba a dejar de ser teórica.
La expansión había creado una economía que parecía cada vez más rica, pero que necesitaba cada vez más crédito para continuar creciendo. Y mientras el gobierno celebraba los signos visibles del progreso, debajo de esa superficie se acumulaba una contradicción que terminaría estallando: la Argentina podía seguir endeudándose y especulando mientras llegara dinero del exterior; pero no podía sostener indefinidamente una prosperidad cuya continuidad dependía de que el crédito nunca se agotara.
La crisis de 1890 sería, precisamente, el momento en que esa ilusión dejó de funcionar.
Cuando el crédito dejó de financiar producción y comenzó a fabricar expectativas
El crédito permitió multiplicar las operaciones económicas. Pero no todo ese dinero fue destinado a ampliar la capacidad productiva. Una parte considerable alimentó la compra de tierras, propiedades, títulos, acciones, concesiones ferroviarias y cédulas hipotecarias. La Bolsa de Comercio se convirtió en uno de los escenarios privilegiados de esa fiebre especulativa.
La lógica era sencilla y, precisamente por eso, peligrosa. Si una propiedad aumentaba de precio, comprarla con dinero prestado parecía una operación racional. Si las acciones subían, endeudarse para adquirirlas parecía una forma rápida de enriquecimiento. Si el valor de la tierra aumentaba, la propia tierra podía funcionar como garantía para obtener nuevos créditos.
El mecanismo generaba una ilusión particularmente poderosa: la riqueza parecía surgir del movimiento del dinero antes que del trabajo y de la producción.
En ese punto aparece una cuestión que excede la historia económica de 1890. Las crisis financieras no nacen solamente cuando falta dinero. También pueden producirse cuando el dinero comienza a circular con una velocidad y bajo unas expectativas que la economía real no puede sostener. El crédito puede impulsar la producción, pero también puede inflar artificialmente el precio de los activos. Mientras las expectativas se cumplen, la especulación aparece como prosperidad. Cuando se quiebran, aquello que parecía riqueza puede convertirse rápidamente en deuda.
Eso fue lo que comenzó a suceder.
El Estado también estaba dentro de la burbuja
La expansión no fue exclusivamente privada. El Estado nacional y las provincias aumentaron fuertemente sus compromisos. La deuda consolidada pasó de unos 141 millones en 1887 a 277 millones en 1888, mientras el gasto público crecía y los presupuestos registraban déficits importantes.
El problema no era simplemente que existiera deuda. El endeudamiento puede ser una herramienta de desarrollo cuando financia infraestructura, producción y capacidades permanentes. La cuestión decisiva es qué se financia, bajo qué condiciones y quién termina pagando el costo.
En la Argentina de aquellos años, el endeudamiento comenzó a quedar atrapado dentro de un circuito cada vez más dependiente del ingreso de capital extranjero. El dinero externo permitía importar, financiar obras, ampliar el crédito y sostener las cotizaciones. Pero, al mismo tiempo, la economía necesitaba que ese flujo no se interrumpiera.
Era una arquitectura vulnerable: si el capital continuaba llegando, el mecanismo podía seguir funcionando; si se detenía, las deudas permanecían pero el dinero desaparecía.
Y eso fue exactamente lo que ocurrió.
1888: la primera grieta
Hacia 1888 comenzaron a multiplicarse las señales de alarma. El primer gran descalabro bursátil se produjo en junio de ese año, acompañado por quiebras y pánico. Poco después, la crisis comenzó a alcanzar instituciones financieras. El Banco Constructor de La Plata fue uno de los primeros casos significativos, y su caída anticipó problemas mucho mayores.
Mientras tanto, el precio del oro aumentaba y el peso se depreciaba. La confianza comenzaba a erosionarse.
El sistema había funcionado durante el auge sobre una premisa implícita: que los activos continuarían valorizándose y que el capital extranjero seguiría llegando. Pero cuando los inversores comenzaron a desconfiar, la lógica cambió. Ya no se trataba de obtener ganancias comprando activos argentinos. Se trataba de salir de ellos y refugiarse en oro.
La especulación, entonces, comenzó a funcionar en sentido inverso.
El mismo mecanismo que durante el auge había multiplicado los precios empezó a multiplicar las pérdidas.
La crisis no cayó del cielo
Aquí aparece uno de los aspectos más importantes para comprender 1890. La crisis no fue un accidente meteorológico ni una desgracia externa que cayó sobre una Argentina desprevenida. Tampoco fue simplemente consecuencia de la mala suerte de algunos banqueros.
Fue el resultado de una estructura económica crecientemente dependiente del crédito, del endeudamiento y de los capitales externos, sobre la cual se había construido una expansión especulativa de enorme magnitud.
La documentación histórica muestra que hacia 1889 los depósitos de los bancos garantidos fueron utilizados en operaciones que terminaron profundizando la fragilidad financiera. El crédito que había alimentado el auge comenzó a mostrar su reverso: papeles financieros, títulos y documentos de deudores quedaban expuestos cuando la economía dejaba de crecer al ritmo necesario para sostener sus valores.
El problema era, entonces, estructural. La economía financiera había adquirido una dinámica propia y el Estado había terminado comprometido en sostenerla.
Cuando Londres cerró el grifo
La dependencia del financiamiento externo terminó revelándose en toda su dimensión cuando el flujo de capitales comenzó a disminuir. La situación internacional y las dificultades de la banca europea golpearon particularmente a una economía argentina que necesitaba crédito externo para sostener sus compromisos.
El episodio de Baring Brothers fue decisivo. La banca londinense había quedado profundamente comprometida con inversiones argentinas y en 1890 estuvo al borde de la quiebra. La crisis financiera argentina dejó entonces de ser un problema doméstico y pasó a afectar directamente al sistema financiero internacional.
El dinero dejó de llegar. Pero las deudas no desaparecieron. Ahí se encuentra una de las claves de la crisis. El capital podía entrar y salir; las obligaciones permanecían dentro de la sociedad.
Cuando desapareció el crédito externo, la Argentina quedó frente a una realidad que durante el auge había permanecido parcialmente oculta: detrás de la retórica del progreso había una economía profundamente endeudada y expuesta a decisiones tomadas fuera de sus fronteras.
De la crisis económica a la crisis política
La consecuencia fue una profunda recesión, con desempleo, pérdida del poder adquisitivo y deterioro de las condiciones sociales. La crisis económica comenzó a erosionar la legitimidad política del gobierno de Juárez Celman. A la cuestión financiera se sumaron las denuncias de fraude electoral, concentración del poder y prácticas políticas que habían generado una oposición cada vez más amplia.
La oposición ya no estaba formada únicamente por adversarios individuales del presidente. En 1889 había comenzado a organizarse la Unión Cívica de la Juventud, que luego se transformaría en la Unión Cívica. Leandro Alem, Aristóbulo del Valle, Bartolomé Mitre, Bernardo de Irigoyen y otros dirigentes confluyeron en una oposición que cuestionaba tanto el funcionamiento político del régimen como la situación económica.
La crisis financiera terminó así transformándose en una crisis de legitimidad.
El 26 de julio de 1890 estalló la Revolución del Parque. El levantamiento cívico-militar fue derrotado militarmente, pero consiguió un resultado político decisivo: Juárez Celman terminó renunciando y Carlos Pellegrini asumió la presidencia.
La revolución no había triunfado en el campo de batalla. Había triunfado en demostrar que el régimen ya no podía presentarse como la única forma posible de organizar la República.
El origen de una ruptura
La historia posterior resulta fundamental. La Unión Cívica no permanecería unida. Las diferencias acerca de cómo enfrentar al régimen y, particularmente, sobre los acuerdos con sectores del viejo orden político, terminarían provocando una ruptura.
En 1891, Leandro Alem y sus seguidores se separaron de la Unión Cívica y constituyeron la Unión Cívica Radical. La nueva fuerza política nació, por lo tanto, en el mundo posterior a la crisis de 1890: un mundo donde habían quedado expuestos los límites de un modelo económico basado en el endeudamiento, la especulación y la dependencia del capital extranjero, y donde también se había puesto en cuestión un sistema político sostenido por el fraude y la concentración del poder.
Por eso, reducir el nacimiento de la UCR a una disputa personal entre dirigentes sería perder lo esencial.
La ruptura radical fue también hija de una crisis más profunda: la crisis de una forma de construir poder en la Argentina.
Una historia que todavía incomoda
Hay una tentación frecuente al mirar estos episodios desde el presente: convertirlos en una moraleja sencilla sobre gobiernos que gastan demasiado o sobre Estados que intervienen demasiado en la economía. Esa lectura resulta cómoda porque permite transformar una experiencia histórica compleja en una defensa retrospectiva de recetas económicas.
Pero la historia de 1890 cuenta otra cosa.
El problema no fue simplemente que existiera un Estado activo, ni que hubiera emisión monetaria, ni que se recurriera al crédito. El problema fue la construcción de un modelo de crecimiento profundamente dependiente del endeudamiento y de los capitales externos, acompañado por una expansión financiera que terminó estimulando la especulación por encima de la producción.
La experiencia también muestra algo que las lecturas neoliberales suelen omitir: cuando una burbuja financiera estalla, las pérdidas no se distribuyen de manera neutral. Quienes poseen capitales pueden intentar retirarlos; quienes viven de su trabajo no pueden retirar su salario de la economía argentina y colocarlo en Londres. La deuda puede ser renegociada; el desempleo significa, para un trabajador, perder los medios concretos de sostener su vida.
La crisis de 1890 dejó así una enseñanza que conserva una incómoda actualidad: cuando las finanzas se separan de la producción y la política económica subordina la soberanía nacional a la necesidad permanente de conseguir crédito externo, el crecimiento puede convertirse en dependencia y la prosperidad en una burbuja.
Y cuando esa burbuja finalmente estalla, la factura rara vez la pagan quienes más se beneficiaron durante el auge.
La Argentina de Juárez Celman descubrió esa verdad a un costo enorme. La crisis económica derrumbó un gobierno, abrió una fractura en el régimen político y creó las condiciones para el nacimiento de una nueva tradición partidaria. La Revolución del Parque fue derrotada. Pero el país que había existido antes de la crisis tampoco volvió a ser el mismo.
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