Desde la fundación de la Unión Cívica Radical hasta la ley de voto secreto de 1912, un análisis de cómo los sectores medios desafiaron a la oligarquía y forzaron un cambio en el sistema político argentino.
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La historia de la Argentina en la transición de la década de 1890 al siglo XX revela una lucha dinámica entre las clases medias emergentes y un régimen oligárquico que se aferraba al poder. La protesta y la movilización de diversos sectores, desde la Unión Cívica Radical hasta el Partido Socialista, demostraron que la democratización del país era inevitable, culminando en la histórica elección de 1916.
A finales del siglo XIX y principios del XX, la Argentina estaba inmersa en una profunda crisis de legitimidad política y social. Durante este período, el país estuvo bajo el yugo de una oligarquía que manejaba el poder político y económico con mano firme, un fenómeno que se extendió hasta bien entrado el siglo XX. El régimen conservador, encabezado por el Partido Autonomista Nacional (PAN), había institucionalizado el fraude electoral y la corrupción como herramientas para mantener su dominio, perpetuando un sistema que favorecía a los más poderosos y marginaba a las amplias masas de la sociedad.
La década de 1890 marcó el inicio de un cambio significativo con el surgimiento de movimientos de protesta que desafiaron abiertamente el orden establecido. En 1891, la formación de la Unión Cívica Radical (UCR) bajo la dirección de Leandro N. Alem, y posteriormente de su sobrino Hipólito Yrigoyen, se convirtió en un hito en la política argentina. La UCR no solo se distanció de las élites gobernantes sino que abogó por una revolución política que cuestionaba la validez de un sistema en el que la Constitución se había convertido en un mero decorado para la perpetuación del poder oligárquico. Con la consigna de "abstención electoral e intransigencia revolucionaria", el partido radical se presentó como una alternativa al dominio autocrático del PAN, demandando elecciones limpias, la vigencia real de la Constitución y una gestión pública honesta.
El partido radical no se limitó a la acción política convencional; también buscó tomar el poder por la fuerza en varias ocasiones. Las rebeliones armadas de 1890, 1893 y 1905, conocidas respectivamente como la "Revolución del Parque" y otras revueltas, reflejaron un profundo descontento con la corrupción y el fraude que caracterizaban al sistema político. Aunque estos intentos fracasaron, contribuyeron a agitar el panorama político y a crear una conciencia crítica en amplios sectores de la clase media.
En paralelo a estas iniciativas radicales, surgieron otras voces críticas desde diferentes frentes. En 1896, Juan Bautista Justo fundó el Partido Socialista, que aunque mayormente compuesto por abogados, médicos y otros profesionales, se definía como un partido de trabajadores. El Partido Socialista introdujo demandas cruciales como la jornada laboral de ocho horas, el establecimiento de impuestos a la renta, y la igualdad salarial entre hombres y mujeres. La influencia del Partido Socialista se consolidó aún más con la enérgica labor de Alicia Moreau, quien encabezó la lucha por la ley de voto femenino y otras reformas sociales.
A nivel provincial, el surgimiento del Partido Demócrata Progresista en 1914, liderado por Lisandro de la Torre, marcó otro paso significativo en el movimiento por la democratización. Este partido, con una orientación progresista y una sensibilidad social destacada, también se alineó contra el régimen conservador, sumando su voz a la creciente demanda de reformas.
A medida que la presión de los sectores medios y populares crecía, la elite gobernante comenzó a sentir la amenaza inminente que representaban estos movimientos. Dentro del PAN, surgieron divisiones entre aquellos que querían mantener el sistema a toda costa y los que reconocían la necesidad de reformas. Julio A. Roca, Carlos Pellegrini, José Figueroa Alcorta y Roque Sáenz Peña representaban este segundo grupo, que propuso una reforma política para calmar el descontento y salvaguardar el poder de la elite.
La respuesta a esta presión fue la sanción de la Ley General de Elecciones en 1912, impulsada por el presidente Roque Sáenz Peña. Esta ley estableció el voto secreto, individual y obligatorio para todos los ciudadanos varones mayores de edad. Aunque la intención de la elite era legitimar el sistema político y evitar un colapso total, esta reforma preparó el terreno para un cambio más radical en el panorama político.
En 1916, las elecciones presidenciales, realizadas bajo el nuevo marco legal, marcaron el fin de una era. La victoria de Hipólito Yrigoyen y la Unión Cívica Radical en las urnas representó un cambio fundamental en la historia argentina. Por primera vez, un partido que no pertenecía al PAN accedió al poder, y el país comenzó a experimentar una nueva etapa caracterizada por una mayor pluralidad y democracia.
El ascenso de Yrigoyen no solo simbolizó el desmoronamiento del viejo régimen oligárquico, sino también la victoria de una protesta persistente y organizada que había resonado en los sectores medios y populares durante décadas. Esta transformación política no fue un evento aislado, sino el resultado de un largo proceso de movilización y resistencia que desafió los cimientos de una estructura de poder arcaica y corrupta.
El análisis de esta etapa en la historia argentina revela cómo la presión de los sectores medios, junto con las movilizaciones de los trabajadores y los esfuerzos de los partidos reformistas, forzaron un cambio en el régimen político. La lucha por una mayor democratización, lejos de ser una simple protesta, se convirtió en un movimiento nacional que reconfiguró el destino del país, marcando el inicio de una nueva era en la historia política argentina.
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