El día que el Congreso decidió acusar al presidente de Estados Unidos. El 27 de julio de 1974, la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes aprobó el primer artículo de impeachment contra Richard Nixon. Aquella votación no destituyó al presidente, pero alteró definitivamente el equilibrio institucional de Estados Unidos. La historia de esa jornada demuestra que el final político de Nixon comenzó mucho antes de su renuncia: empezó cuando una parte de su propio partido decidió que la Constitución debía prevalecer sobre la disciplina política.
El domingo 28 de julio de 1974, los lectores argentinos encontraron en la portada de Clarín una noticia que sintetizaba uno de los acontecimientos institucionales más relevantes del siglo XX. El título principal informaba: "La comisión aprobó el enjuiciamiento de Nixon". La frase era breve, pero remitía a una decisión excepcional dentro de la historia constitucional de los Estados Unidos. Por primera vez, la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes había aprobado un artículo de impeachment contra un presidente en ejercicio por haber obstruido deliberadamente el funcionamiento de la Justicia.
La publicación de esa noticia coincidía con un momento particularmente complejo de la historia argentina. Apenas habían transcurrido veintisiete días desde la muerte de Juan Domingo Perón y el país atravesaba la delicada transición hacia el gobierno de María Estela Martínez. Mientras la política argentina ingresaba en una etapa de creciente incertidumbre, la principal potencia occidental enfrentaba una crisis institucional que ponía en cuestión el comportamiento del propio jefe del Estado.
La historia suele recordar el caso Watergate como un escándalo de espionaje político. Sin embargo, esa interpretación resulta insuficiente para comprender el alcance de los acontecimientos ocurridos durante el verano boreal de 1974. La votación registrada el 27 de julio no fue la consecuencia inmediata de un allanamiento clandestino ni el desenlace automático de una investigación periodística. Constituyó el resultado de un prolongado proceso institucional mediante el cual el Congreso estadounidense llegó a la conclusión de que el presidente había utilizado las facultades inherentes a su cargo para impedir el esclarecimiento de un delito.
La diferencia no es menor.
El problema que enfrentaba Richard Nixon ya no consistía únicamente en determinar quién había organizado el ingreso ilegal a la sede del Comité Nacional Demócrata, ubicada en el complejo Watergate de Washington durante la madrugada del 17 de junio de 1972. Lo que estaba siendo juzgado era algo mucho más profundo: el uso del aparato estatal para encubrir responsabilidades políticas y obstaculizar el funcionamiento de las instituciones encargadas de controlar al Poder Ejecutivo.
Desde una perspectiva histórica, el verdadero objeto del proceso de impeachment no fue el espionaje, sino el ejercicio ilegítimo del poder presidencial.
El allanamiento de Watergate había producido un impacto limitado durante sus primeras horas. Cinco hombres fueron detenidos mientras instalaban dispositivos de escucha y fotografiaban documentación perteneciente al Partido Demócrata. En cualquier otra circunstancia, el episodio probablemente habría quedado reducido a una investigación criminal de alcance restringido. Sin embargo, las pesquisas posteriores desarrolladas por el Poder Judicial, por diversas comisiones legislativas y por el periodismo demostraron que aquel operativo constituía apenas una pieza dentro de un entramado político mucho más amplio.
Las investigaciones comenzaron a revelar la existencia de pagos clandestinos destinados a garantizar el silencio de los implicados, declaraciones falsas formuladas ante organismos judiciales, ocultamiento deliberado de documentación, intentos de utilizar organismos estatales para desviar investigaciones y una sucesión de maniobras dirigidas a impedir que la responsabilidad política alcanzara al presidente de los Estados Unidos.
La acumulación de pruebas terminó trasladando el conflicto desde el terreno judicial hacia el constitucional.
Fue entonces cuando adquirió un papel central la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes.
Dentro del sistema político estadounidense, el procedimiento de impeachment constituye uno de los mecanismos más importantes de control sobre el Poder Ejecutivo. La Constitución asigna a la Cámara de Representantes la facultad exclusiva de formular la acusación y reserva al Senado la responsabilidad de llevar adelante el juicio político. Antes de llegar al pleno de la Cámara, sin embargo, correspondía a la Comisión Judicial examinar las pruebas disponibles y determinar si existían fundamentos suficientes para recomendar la acusación formal del presidente.
Durante semanas, los integrantes de esa comisión analizaron miles de documentos, escucharon testimonios y evaluaron las grabaciones obtenidas en la Casa Blanca. El trabajo desarrollado distó mucho de constituir una discusión partidaria improvisada. Se trató de un procedimiento institucional minucioso cuyo objetivo consistía en determinar si la conducta presidencial había vulnerado el orden constitucional.
La sesión del 27 de julio de 1974 representó el momento culminante de ese proceso.
Ese día fue sometido a votación el primer artículo de impeachment, referido a la obstrucción de la Justicia.
El texto sostenía que Richard Nixon había participado personalmente y mediante funcionarios subordinados en un conjunto de acciones destinadas a retrasar, impedir y desviar las investigaciones relacionadas con Watergate. Entre las conductas imputadas figuraban la autorización de declaraciones falsas ante investigadores, el ocultamiento de pruebas relevantes, la presión sobre testigos para modificar sus testimonios, la utilización indebida de organismos federales como la CIA y el FBI para interferir en investigaciones judiciales, el pago de dinero destinado a comprar silencios y la difusión deliberada de información engañosa dirigida a la opinión pública.
La acusación, por lo tanto, no describía un error administrativo ni una mera responsabilidad política derivada del comportamiento de colaboradores cercanos.
Afirmaba que el propio presidente había intervenido activamente en el encubrimiento de hechos delictivos.
La votación arrojó un resultado contundente: veintisiete votos afirmativos y once negativos.
Sin embargo, el dato verdaderamente significativo no residía únicamente en esa mayoría.
Los veintiún integrantes demócratas de la comisión votaron favorablemente, como podía esperarse dada su posición opositora. La verdadera novedad consistió en la decisión adoptada por seis legisladores republicanos, quienes resolvieron acompañar el artículo de impeachment impulsado contra un presidente perteneciente a su propio partido.
Tom Railsback, Hamilton Fish Jr., William S. Cohen, Caldwell Butler, Lawrence Hogan y Harold Froehlich protagonizaron una ruptura política de enorme trascendencia histórica.
Aquellos congresistas no representaban sectores marginales del Partido Republicano ni habían construido sus carreras políticas enfrentándose a Nixon. Por el contrario, integraban el mismo espacio político que había impulsado su elección presidencial. Precisamente por esa razón, su decisión adquirió una relevancia institucional extraordinaria.
Desde el punto de vista histórico, el significado de esa votación excedía ampliamente el resultado numérico.
Las democracias constitucionales descansan sobre una tensión permanente entre la competencia política y el respeto por las instituciones. En circunstancias normales, los partidos procuran proteger a sus propios gobiernos para preservar su capital político. El 27 de julio de 1974 ocurrió algo diferente. Un grupo de legisladores oficialistas llegó a la conclusión de que continuar respaldando al presidente implicaba comprometer la credibilidad del propio sistema constitucional.
La importancia de esa decisión sólo puede comprenderse si se considera la posición internacional ocupada por Richard Nixon.
No se trataba de un mandatario cualquiera. Había conducido la apertura diplomática hacia la República Popular China, protagonizado las negociaciones de distensión con la Unión Soviética y ejercía la presidencia de la principal potencia militar y económica del mundo en pleno desarrollo de la Guerra Fría. Su eventual destitución podía producir consecuencias de alcance global.
Pese a ello, la Comisión Judicial entendió que la estabilidad institucional dependía precisamente de demostrar que ningún presidente podía colocarse por encima de la Constitución.
Las decisiones adoptadas durante los días siguientes profundizaron esa tendencia.
El 29 de julio, la comisión aprobó un segundo artículo de impeachment, esta vez por abuso de poder presidencial.
El 30 de julio, incorporó un tercer cargo por desacato al Congreso debido a la negativa del presidente a entregar documentación y grabaciones solicitadas por los investigadores.
La acumulación de acusaciones reducía progresivamente las posibilidades de supervivencia política de Nixon.
No obstante, el desenlace definitivo todavía dependía de un acontecimiento adicional.
El 24 de julio, pocos días antes de la primera votación, la Corte Suprema había ordenado la entrega de las grabaciones realizadas automáticamente en el Despacho Oval. Entre ellas apareció una conversación mantenida el 23 de junio de 1972, apenas seis días después del allanamiento de Watergate.
Esa grabación, conocida posteriormente como la "smoking gun tape", demostraba que Nixon había participado desde el comienzo en las maniobras destinadas a impedir que la investigación alcanzara a la Casa Blanca.
La importancia histórica de ese documento fue inmediata.
Muchos dirigentes republicanos que todavía conservaban dudas comprendieron que las pruebas disponibles hacían prácticamente imposible sostener la defensa presidencial.
La Cámara de Representantes probablemente aprobaría los artículos de impeachment.
El Senado, donde debía desarrollarse el juicio político, reunía cada vez mayores posibilidades de alcanzar la mayoría necesaria para destituir al presidente.
Frente a ese escenario, Nixon optó por una salida inédita.
El 8 de agosto de 1974 anunció públicamente su renuncia, que se hizo efectiva al día siguiente. Nunca llegó a ser juzgado por el Senado porque abandonó el cargo antes de que ese procedimiento pudiera iniciarse. Un mes después, el nuevo presidente Gerald Ford le concedería un perdón presidencial que impediría cualquier persecución penal federal relacionada con el caso.
Sin embargo, desde una perspectiva histórica, la renuncia constituye el epílogo y no el punto de inflexión del proceso.
El momento decisivo había ocurrido casi dos semanas antes.
La votación del 27 de julio de 1974 modificó definitivamente la correlación de fuerzas dentro del sistema político estadounidense. A partir de entonces, Nixon dejó de contar con el respaldo indispensable para sostener su permanencia en el poder. No cayó porque la oposición lograra imponerse numéricamente, sino porque una parte significativa de su propio partido concluyó que preservar el orden constitucional era más importante que preservar a un presidente.
La portada de Clarín registró, quizá sin advertir plenamente su alcance, el instante en que comenzó ese desenlace.
Vista desde la distancia, aquella noticia conserva un valor documental que trasciende el episodio puntual de Watergate. Constituye el testimonio de un momento en que el funcionamiento de los mecanismos constitucionales prevaleció sobre las conveniencias partidarias inmediatas. La historia demuestra que la estabilidad de una democracia no depende únicamente de la existencia de instituciones formales, sino también de la disposición de quienes ejercen el poder a aceptar que ningún cargo, por elevado que sea, puede quedar exento del control republicano.
Por esa razón, el 27 de julio de 1974 ocupa un lugar singular dentro de la historia política contemporánea. No fue simplemente el día en que una comisión parlamentaria aprobó un artículo de impeachment. Fue el día en que el Congreso de los Estados Unidos resolvió que el presidente de la nación más poderosa del mundo debía responder ante la ley como cualquier otro funcionario público, reafirmando un principio que constituye uno de los pilares fundamentales del constitucionalismo moderno: el poder no existe para situarse por encima de las instituciones, sino para someterse a ellas.
Prof. Walter Onorato
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